Por: Mónica Garza/ La Razón
“No me gustaría que salgan con otro teatrito, porque lo que ayer hicieron fue un teatrito” me dijo María Elena Ríos luego de que su presunto agresor, hoy identificado como Juan Antonio “N”, se entregó a las autoridades de Oaxaca, 7 meses después que la joven fue rociada con ácido a las puertas de su casa.
Durante los tres primeros meses el caso de la saxofonista y las quemaduras de tercer grado en prácticamente toda su cara y cuerpo permanecieron en la oscuridad y el silencio.
Difícilmente se acercaban a un escenario de justicia las múltiples denuncias de María Elena, revictimizada una y otra vez por las autoridades de justicia y salud.
“Hasta que decidimos salir a los medios” me dijo su hermana Silvia en nuestro primer encuentro, días después de que la historia fuera publicada en un diario de circulación nacional en diciembre de 2019.
“Bañan en ácido a mujer saxofonista, tras 90 días el agresor sigue libre” decía la nota de El Universal y fue sólo el principio de una pesadilla a la que todavía le faltaban muchos meses.
La fiscalía general de Oaxaca comenzó a perseguir el hecho como un delito por “lesiones”, aun cuando la víctima quedó con más del 80 por ciento del cuerpo quemado, en un hecho que advertía más una tentativa de feminicidio, que fue como finalmente quedó establecido en la carpeta de investigación —prácticamente a consecuencia de la presión mediática que generó el caso—.
Durante 7 meses el presunto agresor contó con suficientes recursos, —y quizá contactos— para escapar de la justicia, porque la ficha roja para localizarlo llegó con retraso y poca efectividad.
Hasta que la mañana del 6 de marzo apareció sorpresivamente en el escenario el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que en conferencia de prensa en Oaxaca —acompañado por el fiscal estatal Rubén Vasconcelos— anunció que Juan Antonio “N”, sería además incorporado a la lista de “personas bloqueadas” por presentar operaciones de procedencia ilícita en sus movimientos financieros. Así quedaron congeladas sus cuentas y abierta una investigación también por lavado de dinero.
Con la llegada de la contingencia sanitaria por el Covid-19, lo que también parecía congelarse era el caso de María Elena Ríos y la búsqueda de su agresor, o al menos es lo que su familia temía:
“Ya todo es el coronavirus, ya nadie habla del caso de mi hermana y este señor sigue libre y burlándose de nosotras” me dijo desesperada Silvia Ríos sentada en un sillón del lobby del hotel donde se hospedaban en la capital, para atender las quemaduras de la saxofonista en el Hospital Nacional de Rehabilitación.
Pero esta semana un mensaje del gobernador Alejandro Murat en redes sociales aceleró el curso de las cosas:
“Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista oaxaqueña”, dijo en su comunicado.
Un dron captó las imágenes del momento en que Vera Carrizal llegó a las instalaciones del C4 en Oaxaca, y a decir verdad, aquello parecía más una reunión de cortesía que la detención del presunto responsable de un intento de feminicidio y bajo investigación por lavado de dinero.
Horas después el Fiscal General de la entidad en una escueta conferencia de prensa, sin preguntas y respuestas, confirmó que se trató de una “presentación voluntaria sin oponer resistencia”.
María Elena asegura que supo de dicha “entrega voluntaria” por terceros y no por la Fiscalía General del estado como debió ser, en tiempo y forma.
¿Por qué la Fiscalía de Oaxaca mantiene desde hace semanas esa “sana distancia” de una de las víctimas de la delincuencia más mediáticas del estado?
¿Por qué tampoco le avisaron, ni a su representante legal, que a menos de 24 horas de su detención, la defensa del presunto agresor solicitó el ingreso de un médico a los separos donde se encontraba y obtuvo autorización para trasladarlo a un hospital privado por un supuesto dolor abdominal?
La saxofonista denunció a través de sus redes sociales: “no dejemos que una estrategia basada en artimañas vulnere el camino hacia la justicia que tiene pendiente conmigo y el pueblo de México.” escribió.
Más tarde apareció el hashtag #OaxacaEstamosAtentas desde las cuentas de un nutrido grupo de periodistas y activistas que desde distintas trincheras advirtieron su atención a este caso, demandando transparencia y sobre todo JUSTICIA.
Finalmente Juan Antonio “N” con cinco abogados y una agresiva estrategia de defensa, se presentó ante el juez Jorge Víctor L. Velazco Castellanos, quien casi 20 horas después de escuchar argumentos de ambas partes, lo vinculó a proceso por el delito de Tentativa de Feminicidio.
María Elena no canta victoria. Los demás observamos cautelosos. Oaxaca, estamos atentos…
