NATHALIE GÓMEZ/@Nathalie_fx
Huajuapan de León, Oax.- Sociedad civil y la familia de Arlet, menor de 12 años de edad que fue secuestrada y asesinada en la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo, demandaron justicia para que este hecho no quede en la impunidad.
Así lo expresaron luego de que Alfonso, Rafael y Jordan, dos originarios de Chalcatongo de Hidalgo y uno más de la Ciudad de México, fueran asegurados por la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS), dependiente de la Fiscalía General del Estado.
Durante una marcha, efectuada el 15 de febrero, el mismo día de la audiencia en el Juzgado de Garantías y Tribunal de Juicio Oral de Tlaxiaco, la voz de los pobladores de esta parte de la Mixteca era de “¡justicia! Porque un caso como éste, en el que muere una niña que apenas empezaba a vivir, no tiene perdón”, reclamaron indignados.
Aunque las tres personas aseguradas ya son parte de un proceso acorde al sistema de justicia penal, los pobladores dijeron que no dejarán de presionar para que este caso no quede impune.
Cabe destacar que el 24 de enero, la menor salió de sus clases de la escuela primaria de Chalcatongo de Hidalgo, perteneciente al distrito de Tlaxiaco, y se dirigía a su vivienda pero fue interceptada por un comando armado.
Enseguida la familia recibió llamadas de los captores en los que les exigían 500 mil pesos por su rescate, por lo cual personal de la UECS se trasladó al lugar y comenzó con las indagaciones.
Se inició una negociación con los captores en la que se acordó que se pagaría un rescate de 200 mil pesos, no obstante, el cuerpo de la niña fue localizado en el río de la población de Santa Catarina Cuananá, mismo que fue presuntamente lanzado desde un puente. La necropsia arrojó que la menor murió 10 días antes de que esto sucediera.
De acuerdo a información de la Fiscalía, la UECS, logró localizar a los secuestradores por lo que, al momento en el que sería la entrega del dinero, se pudo dar la captura de tres de los implicados en este delito, se les aseguró un arma calibre 38, un vehículo y los 200 mil pesos.
Por lo pronto, el juez de garantía determinó prisión preventiva como medida de coerción al ser un delito de alto impacto a los tres presuntos responsables del secuestro y asesinato, por lo cual fueron trasladados a un reclusorio de la capital del estado.
Ahí permanecerán durante los seis meses que el juez le autorizó al Ministerio Público para realizar, concluir y presentar las investigaciones correspondientes a este caso y se pueda determinar su situación.
